Un juez federal argentino citó este lunes a declarar a la ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo, informaron fuentes jurídicas.
Ercolini señala que la citación de Fernández se basa en los argumentos que le otorgaron, justamente para pedir ese llamado, los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques, en el marco de la causa por asociación ilícita que impulsó la diputada Elisa Carrió.
El ex ministro de Planificación, Julio De Vido; y los ex subsecretarios de Obras Públicas, Abel Claudio Fatala, Raúl Víctor Rodríguez, Graciela Elena Oporto y Hugo Manuel Rodríguez.
La exmandataria también está investigada en otra causa por supuesto daño financiero por operaciones cambiarias del Banco Central durante su gobierno.
En su presentación ante el magistrado, los fiscales habían remarcado que días antes de la asunción de Néstor Kirchner en la Presidencia, el empresario Báez -por aquel entonces monotritubista- con sólo 3 mil pesos conformó junto a dos socios la empresa Austral Construcciones, el primer paso de una trama que los fiscales describieron en cuatro etapas.
Fernández, quien ya fue indagada varias veces tras finalizar su segundo mandato en diciembre, deberá presentarse ante el juez Julián Ercolini el 20 de octubre, según una orden publicada por la agencia de noticias del Poder Judicial. Ercolini entendió que corresponde trabar una inhibición sobre sus bienes "para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir, en definitiva, producido o provecho del delito bajo pesquisa". Actualmente se encuentra detenido por supuesto lavado de dinero. El juez Bonadio investiga la misma maniobra en la causa Los Sauces, que toma el nombre de la empresa de la familia Kirchner que habría servido de pantalla para las maniobras ilícitas.
El juez agregó que los fiscales denunciaron que los expresidentes enriquecieron "a una persona de su confianza", o sea Báez, a través de la canalización de fondos públicos otorgados de forma discrecional y sin cumplir con las normas legales. La sospecha es que el dinero de los alquileres retornaba de la obra pública que el empresario obtenía a instancias de los Kirchner.
Además recordó que, sobre la relación personal que Báez tenía con el ex matrimonio presidencial, los fiscales "hicieron referencia a las conexiones comerciales existentes entre ellos" y, a modo de ejemplo, "destacaron que Cristina Kirchner y la firma Austral Construcciones compartían un condominio desde agosto de 2008 en la ciudad de El Calafate".
Por otra parte, el llamado a indagatoria de Cristina que dispuso Ercolini consolida el armazón jurídico de las investigaciones en su contra.
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