El anterior gobierno empleó a altas casas de estudio con rectores afines para triangular negociados y financiar publicidad, eludiendo llamados a licitación
La inventiva del kirchnerismo para aprovecharse de los dineros estatales fue inagotable. Aquello que en primera instancia parecía un despilfarro, por lo general luego se revelaba como un negociado.
La Justicia investiga las triangulaciones que el kirchnerismo efectuaba con fondos estatales usando a varias universidades públicas que se crearon o crecieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Como ya expresamos en esta columna el año pasado, esos desvíos de cuantiosos fondos sirvieron para encubrir cajas negras para el financiamiento de la política y para negociados. Con la cobertura de la autarquía de la que gozan las universidades, varias de esas casas de estudios aprovecharon para no rendir cuentas y así ocultar lo sucedido.
Por lo general, los fondos provenían del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, hoy con prisión preventiva por irregularidades en las obras de remodelación de la mina de Río Turbio. El exministro se ha negado a declarar en una causa que investiga si se pagaron sobreprecios para comprar equipos tecnológicos para producir contenidos audiovisuales digitales destinados a la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
En otra causa se llamó a declaración indagatoria al decano de la facultad regional de La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Carlos Fantini. Se trata de determinar el desvío de 181 millones de pesos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social cuando a su frente se encontraba Alicia Kirchner. Un exdecano de la UTN de Río Gallegos se encuentra procesado por desvío de dinero de la mina de Río Turbio. En estos dos casos se emplearon fundaciones de las facultades que eran las destinatarias de los dineros públicos que servían para millonarias contrataciones, eludiendo los llamados a licitación pública.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y una auditoría interna de la UTN descubrieron que no se habían rendido las cuentas de los 181 millones de pesos que el Ministerio de Desarrollo Social le concedió para controlar el plan Argentina Trabaja. En total, diversos organismos estatales aportaron a la UTN de La Plata en virtud de diferentes convenios la suma de 859 millones de pesos. La auditoría concluyó que la regional La Plata se guardaba el 17% de la facturación y que casi la mitad de esa cantidad quedaba en poder de la fundación a modo de un sobrecosto por haberse prestado a la operación.
El Ministerio de Planificación giró dinero a universidades para que ellas realizaran trabajos que requerían subcontratar a empresas de allegados a los funcionarios.
Estas operaciones pudieron concretarse porque en 2004 Néstor Kirchner creó el instrumento que las permitió al dictar un decreto de necesidad y urgencia para reformar el Reglamento de Contrataciones de la Administración Nacional y facilitar que el Estado pudiera realizar contrataciones directas con las universidades nacionales. Ahí radicaba la triangulación: las contrataciones que el Estado se encontraba impedido de realizar en forma directa las llevaba a cabo por medio de ciertas universidades.
Causalidad y no casualidad, al frente de las casas de estudios que fueron utilizadas, en su mayoría del Gran Buenos Aires, se encontraban rectores y decanos kirchneristas.
Fue el caso de la Universidad de General Sarmiento, uno de cuyos exrectores fue director de la ya disuelta Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). En 2015, la Afsca firmó con esa universidad un convenio de cooperación en comunicación audiovisual por poco más de cinco millones de pesos para "desarrollar un plan de trabajo a través de un programa de formación en comunicación popular para responsables y referentes de la comunicación en organizaciones sociales", destinado a promover "la comunicación popular". La iniciativa no llegó a concretarse y, al producirse el cambio de gobierno, los fondos fueron devueltos al Estado. Pero otras cuatro universidades firmaron convenios económicos con la ex-Afsca, como la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, un bastión kirchnerista cuya decana, Florencia Saintout, también es diputada de la provincia de Buenos Aires. Esa facultad recibió unos 2,9 millones de pesos para desarrollar un programa de formación en comunicación popular denominado "Ellas hacen, ellas dicen".
Entre las universidades beneficiadas con dineros estatales se encuentran también las de San Martín, La Matanza y Tres de Febrero. La de San Martín se vio involucrada en una sospechosa triangulación de fondos públicos para financiar telenovelas para la televisión pública.
Tras el cambio de gobierno, se descubrió que algunos empleados estatales cobraban mediante facturas que presentaban a universidades del conurbano. Llegó incluso a existir en el ministerio de De Vido un programa llamado Enamorar, que derivó 671 millones de pesos a la Universidad de San Martín, la que más cheques recibió, seguida por la de Tres de Febrero con la mitad de esa suma, la UTN con 276 millones y la de La Matanza con 213 millones.
Debe lamentarse que millonarios fondos que podrían haberse aplicado a mejorar los niveles académicos se hayan empleado en programas cuestionables y en promover la imagen del anterior régimen. Pero la verdad es que los despilfarros no obedecían a la falta de criterio, sino a un estudiado ardid para que algunos pudieran quedarse con fondos públicos, campo en el que el kirchnerismo podría dictar cátedra en algunas de esas universidades.
Fuente: La Nación
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