Roberto Gómez, quien fue empleado de Austral Construcciones, declaró ante el juez federal Sergio Torres y dijo que la obra costó cerca de 4 millones de pesos. En la causa fue denunciada la ex presidenta.
El arquitecto a cargo del mausoleo en homenaje al ex presidente Néstor Kirchner declaró ayer ante la Justicia Federal que la obra emplazada en el cementerio de Río Gallegos costó alrededor de 4 millones de pesos y fue pagada por el empresario Lázaro Báez, con lo cual complicó a Cristina Kirchner. Se trata de Roberto Gómez, el arquitecto responsable del mausoleo, quien ayer declaró ante el juez federal Sergio Torres.
Gómez, quien fue empleado de Austral Construcciones, afirmó que si bien el presupuesto inicial de la obra era de poco más de tres millones, los costos finales alcanzaron los 4 millones de pesos. “La estimación de costos inicial la hizo un maestro mayor de obras que tenía esa tarea asignada en el departamento de Arquitectura” de Austral Construcciones, sostuvo el arquitecto, quien dirigió un grupo de personas que estuvieron día a día en el avance de la construcción.
Según explicó, en 2005 funcionó en Austral Construcciones un área de Arquitectura que tenía a cargo distintas obras, y que por orden de Báez se encargaron tres proyectos del mausoleo. Indicó que él mismo, junto a Lázaro y un ingeniero, fueron al cementerio de Río Gallegos, cuyo predio fue cedido por la Gobernación para instalar allí la obra, para definir el lugar donde iba a estar emplazado el mausoleo Néstor Kirchner. “Nuestros pedidos de materiales iban dirigidos a las oficinas de compras de Austral Construcciones”, afirmó Gómez cuando fue consultado por el juez sobre quién financió la construcción de la obra.
Según admitiera públicamente Báez, él pagó el mausoleo finalizado casi al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner y fue por el afecto que sentía por el ex mandatario. En la causa fue denunciada la ex presidenta Cristina Kirchner por la ex diputada y actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por violación a la ley de ética pública.
“Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de aplicación reglamentará su registro y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico- cultural si correspondiere”.
Fuente: Diario Popular
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