Ruta del Dinero K: Desde cooperativas truchas hasta iglesias evangélicas

Es la mayor defraudación al estado de parte de un gobierno en la historia latinoamericana. Solo lo que se investiga del financista Clarens equivale al valor de casi 570.000 salarios mínimos.


En la nueva ruta del dinero K descubierta en la causa del direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, aparecen algunas de las mismas financieras, cooperativas truchas y hasta una iglesia evangélica investigadas en los casos de Skanska, Ciccone y Cerro Dragón, entre otros.

En el pedido del fiscal Gerardo Pollicita al juez Ercolini para indagar al financista Ernesto Clarens y a los hermanos Gotti, entre otros imputados, se detectaron maniobras de lavado de dinero por U$S 160 millones. En el juicio contra Báez por la ruta del dinero K a través de “La Rosadita” se había descubierto el blanqueo de otros 60 millones de dólares.

En esta nueva causa las maniobras financieras se hicieron a través de la famosa financiera Invernes que manejaba el financista K Ernesto Clarens, procesado en la causa de los cuadernos de las coimas. Invernes fue luego comprada directamente por el entorno de Báez.

El ardid se concretó, entre el 2003 y el 2010, a través de las constructoras Gotti y Gancedo, las cuales también las manejaba Báez. Primero, las constructoras cedieron el cobro de los cheques que les daba el gobierno por los certificados de avance de obra en Santa Cruz a Invernes. Luego Invernes cambió más de 5 mil cheques en esas financieras y cooperativas truchas por efectivo y sin pagar el impuesto al cheque. .

Los cheques, en su mayoría, era pagados por “servicios inexistentes” que figuraban, además, en facturas truchas. El actual titular del INAES, Marcelo Collomb, comenzó en el 2015 una depuración del padrón de cooperativas, apartando a las truchas como Coficred y Credisol que manejaba Clarens.

El pedido del fiscal se basa, entre otras pruebas, en un escrito de la AFIP, que maneja Leandro Cuccioli, preparado por el inspector Jaime Mecikovsky y la sucursal del organismo fiscal de Comodoro Rivadavia. La AFIP cruzó los datos de los cheques y los supuestos proveedores para descubrir estas conexiones asombrosas.

Gotti y Gancedo, que eran controladas por Lázaro Báez para monopolizar la obra pública en Santa Cruz, fueron las sociedades puente de la maniobra.

Como prueba de la acusación, un perito ingeniero dijo que las facturas aportadas por Gotti “no alcanza para dar por válidos ni los Proveedores, ni los bienes, ni los servicios ni los montos de las erogaciones registradas”.

En el informe de la AFIP se revela que se descubrieron más de 100 proveedores truchos de Gotti y que las cooperativas irregulares, una Iglesia Evangélica y el FONFIPRO (Fondo Provincial de la Provincia de Formosa) manejaron casi al 65 % de los depósitos. El FONFIPRO fue el canal por el cual el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, hizo pagar 2 millones de dólares a la empresa fantasma The Old Fund, la misma que usó el ex vicepresidente Amado Boudou para comprar ilegalmente Ciccone.

“En los pagos de GOTTI SA teóricamente destinados al pago de sus proveedores por parte de INVERNES SA, se verifica en los análisis practicados que fueron en realidad canalizados casi el 85 % de los montos de cheques emitidos a nombre de proveedores falsos o aceptados como tales y se depositaron en entidades en las que, por diferentes razones, resultaba imposible en la práctica controlar mínimamente la trazabilidad de la operación y nada tenían que ver con la actividad, área geográfica o de desarrollo de las operaciones de GOTTI SA”, señala el informe de la AFIP.

Y así utilizó la estructura de la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio, Fonfipro, Global Equity sociedad de Bolsa y Facimex (éstas últimas involucradas también en la ruta del dinero K), la Iglesia Cristina Evangélica Pentecostal Bethel de San Miguel, entre otra veintena de sociedades.

“INVERNES realizó sus gestiones por GOTTI SA fundamentalmente a partir de la utilización de la cuenta del Banco MACRO BANSUD, cuyo sistema de prevención de lavado de activos correspondería revisar y cuyas autoridades de prevención de lavado de dinero debieron haber practicado diferentes reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero durante toda esta operatoria, considerando los montos, la falta de relación de los destinatarios con la actividad originante de los fondos y los permanentes retiros”, asegura el informe de la AFIP.

Fuente: Clarín
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